En los últimos días, dos fotografías han conectado los más de 6,300 kilómetros que separan el estado de Quintana Roo en México y Santiago de Chile. Estas imágenes
son muy diferentes, pero tienen un tema en común: una crisis de seguridad. La primera fotografía muestra a los militares patrullando las playas de uno de los destinos turísticos más populares de México. Desde el Caribe hasta el Pacífico, desde Cancún hasta Acapulco, la consigna es la misma: proteger a los visitantes durante la temporada vacacional después de que la Semana Santa comenzara con ocho asesinatos en estos dos destinos. La segunda fotografía muestra al presidente de Chile, Gabriel Boric, junto con los ex presidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, en el funeral de Daniel Palma, el tercer oficial de policía asesinado en poco más de tres semanas.
Entre la militarización de la costa mexicana y la señal de unidad política chilena, se puede trazar una línea imaginaria que es muy palpable en la región. Esta línea atraviesa Centroamérica, Ecuador, Perú y se extiende hasta Colombia e incluso Argentina. Después de esta línea, el crimen organizado, la violencia, las mafias que explotan los flujos migratorios y la miseria complican los planes de los gobiernos, ralentizan las reformas y encabezan las listas de los principales problemas de los latinoamericanos. En Chile, la situación se está convirtiendo en una crisis para la coalición de gobierno de Boric. Esta semana, el bloque se rompió en el Congreso ante la votación de una ley que aumenta el poder de la policía, que finalmente fue aprobada. El año pasado fue el más violento de la última década en el país sudamericano, con una tasa de homicidios de 4.6 por cada 100,000 habitantes. Foto- Juan Ortega, Wikimedia commons.
Aunque esta cifra está muy por debajo de los 40.4 registrados en Venezuela, es una anomalía que pone al joven presidente de izquierda en una situación difícil. Esta emergencia se mezcla, además, con los desafíos migratorios. Los sospechosos del último asesinato en Chile son venezolanos, y ante la llegada masiva de extranjeros, el gobierno ya ha desplegado al ejército en la frontera norte. "Cuando se trata de combatir la delincuencia en el Estado chileno, no hay fisuras... No hay gobierno y oposición, no hay izquierda ni derecha, no hay mayores ni jóvenes. Todos estamos unidos en esta cruzada", declaró Boric esta semana. Según una encuesta regional publicada a finales de febrero por la consultora Gallup, el 71% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos cuatro meses.
